El Consejo General de Economistas valoró este jueves las medidas que el Gobierno aprobaba el pasado martes en Consejo de Ministros, en el Real Decreto-ley 6/2024, para paliar la tragedia de la DANA que ha afectado a Valencia. El Consejo aplaudió la creación de una línea de ayudas directas a empresas y profesionales, así como la aplicación de una línea de avales con objeto de facilitar el acceso a liquidez y el establecimiento de una moratoria para préstamos y créditos, con y sin garantía hipotecaria.
Sin embargo, la institución que preside Valentín Pich, a la que pertenecen más de 50.000 economistas de toda España, ha reunido a sus expertos en apenas dos días para diseñar una batería de acciones adicionales. Observan que el plan se queda corto -como también señala THE OBJECTIVE, comparando el dinero invertido en Telefónica– y que hay varias líneas de actuación que no aparecen en Real Decreto. Concretamente, en ámbitos como el fiscal, laboral o judicial.
Con criterio económico, entienden que deben incluirse lo antes posible medidas como la aplicación para los afectados de la deducción del 60% del IRPF, como ya está prevista en la norma para los residentes en Ceuta y Melilla; las deducciones del impuesto de Sociedades, o un IVA al 0% en distintas operaciones de compra, así como la ampliación de moratorias y el refuerzo de un Juzgado de lo Mercantil, y aplazar la regularización de la cotización de autónomos de las zonas afectadas por la DANA.
En cuanto al impuesto de Sociedades, el Consejo General de Economistas también propone deducciones para empresas afectadas, especialmente en los gastos relacionados con la reparación o reposición de bienes dañados. Asimismo, plantean incentivos fiscales para promover la inversión en la reconstrucción de la infraestructura empresarial. También consideran importante tener en cuenta la actividad prioritaria del mecenazgo, a efectos de las deducciones de la Ley 49/2002, para la recuperación del patrimonio cultural.
Un IVA a tipo cero
En el ámbito fiscal, el CGE entiende que también es urgente que establezca un IVA a tipo cero para operaciones como la compra de coches nuevos, con objeto de facilitar la compra de vehículos a quienes hayan perdido el suyo debido a la catástrofe. Esta misma medida sería recomendable para la compra de vivienda nueva adquirida por un ente integrante del sector público estatal, autonómico y local valenciano, siempre que se destine a alojamiento de las personas que residían en una vivienda destruida como consecuencia de la DANA.
La compra de vivienda nueva adquirida por un damnificado y la compra de locales adquiridos por empresarios también damnificados caben en este paquete de medidas que defiende la institución. igual que la compra de un solar en el que se vaya a construir la vivienda habitual y el arrendamiento de pisos turísticos con prestación de servicios hoteleros -incluyendo estos servicios-, siempre que los usuarios sean personas físicas desalojadas como consecuencia de la DANA.
En lo tocante al IVA, se añade en las recomendaciones la compra de bienes para ser utilizados en actividades ganaderas y agrícolas desarrolladas en explotaciones situadas en las zonas damnificadas (maquinaria, utensilios, semillas, animales) y para las importaciones de bienes donados para ser distribuidos a las personas afectadas.
El Consejo General de Economistas contempla ayudas destinadas al impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) con exención o bonificación en el impuesto aplicable a las obras de reparación, rehabilitación y reconstrucción de inmuebles dañados, tanto en viviendas como en instalaciones empresariales. En cuanto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, pide regular a un tipo del 0% en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas para la compra de vehículos usados.
Aplazar la cotización de autónomos
En el ámbito laboral, el CGE hace hincapié en la necesidad de aplazar la regularización de la cotización de autónomos de las zonas afectadas. La institución tiene en cuenta que el pasado 1 de noviembre la Seguridad Social ha iniciado el proceso de regularización de cuotas de los trabajadores autónomos vinculado a los ingresos reales. Dada la situación, este consejo propone aplazar el calendario previsto de la TGSS.
Los contratos laborales es otro de los asuntos abordados por el CGE. Señalan que el paquete de ayudas del Gobierno no especifica nada sobre las prórrogas de contratos laborales que finalizarán estos días. Para los contratos de consumo y suministros -recuerda-, sí se especifica que no serán alterados a pesar de la situación, manteniendo las mismas condiciones (cláusula rebus sic stantibus). La cláusula rebus sic stantibus pretende un restablecimiento del equilibrio de las prestaciones contractuales: que una parte no se vea más beneficiada que la otra por mantener las condiciones de un contrato que se pactó antes del hecho imprevisible e inevitable acaecido por la DANA. Por eso, determina el CGE que este mismo principio se debería aplicar a los contratos temporales o de fijos discontinuos.
«En el Real Decreto-ley se incluye el trabajo a distancia para las Administraciones públicas (justicia y notariado, pero -destaca el CGE-, no aparece un artículo que sea soporte legal para el trabajador por cuenta ajena y tenga el derecho a teletrabajo«.
Caída de ventas peligrosa para la economía
El Consejo General de Economistas -que acaba de incorporarse como miembro de pleno derecho a la IFAC, la organización de contables y auditores más importante del mundo- aconseja ampliar la moratoria contable, recogida en el RDL 20/2022 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en el año 2025. Esta solicitud -justifica- viene motivada por las pérdidas económicas sufridas y que se derivarán por los efectos de la DANA. Porque «aunque estas puedan ser compensadas por las distintas ayudas públicas, estamos próximos a un cierre del ejercicio social, lo que podría empeorar el equilibrio patrimonial de las empresas, pues las pérdidas serán imputadas en el 2024 y es probable que las ayudas se devenguen contablemente en el 2025».
A este hecho hay que sumar «no solo las pérdidas materiales directas a corto plazo, acaecidas en el desastre medioambiental, sino también las indirectas relacionadas con los posibles incrementos de los costes de producción y los cierres de los negocios y, por tanto, bajadas de ventas». Estos últimos -anticipa- «acabarán repercutiendo en toda la economía española».
Siguiendo la Directiva Delegada (UE) 2023/2775 de la Comisión de 17 de octubre de 2023 por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al ajuste de los criterios de tamaño de las empresas o grupos de tamaño micro, pequeño, mediano y grande, el Consejo también propone que el volumen de facturación se aumente a 10.000.000 de euros y se tenga en consideración el valor de los activos que hayan sido directamente afectados por la DANA.
En relación con subvenciones concedidas y pendientes de justificación -vinculadas a activos o a actividades a desarrollar- a afectados por los efectos de la DANA, el CGE promueve la flexibilización en el cumplimiento de los plazos para la presentación de las cuentas justificativas de forma generalizada- En aquellos otros casos en los que el afectado pueda justificar que los plazos de flexibilización son insuficientes y pueda aportar un plazo de cumplimiento, habilitar un procedimiento para aprobar dicha ampliación de plazos. Si no existe posibilidad por cese de actividad formalizada, plantean condonar la devolución de los fondos recibidos no justificados.
Reforzar juzgados
En el ámbito de la justicia, entre otras recomendaciones, el Consejo General de Economistas propone que, dado que es presumible un incremento de solicitudes de la segunda oportunidad de personas físicas y autónomos y pequeños empresarios en zonas afectadas, quizá sería conveniente reforzar algún Juzgado de lo Mercantil más para las zonas afectadas, especialmente en la Comunidad Valenciana, pues se pueden colapsar por el incremento exponencial de casos.
Estiman que sería primordial el impulso de los planes de reestructuración para tratar de adelantarse a las declaraciones de concursos de acreedores y tratar de evitar liquidaciones de empresas.
También recomiendan incentivar la mediación (y otros Medios Adecuados de Solución de Controversias, como la conciliación y la negociación) y la mediación intrajudicial por los propios Tribunales, para tratar de solventar posibles conflictos de trasfondo económico.
Recurrir a otras administraciones concursales
Estimular los procedimientos electrónicos en el ámbito de la Justicia ya disponibles en el ámbito zona afectadas es otro de los consejos, con el procedimiento electrónico concursal de microempresas, sistemas electrónicos de comunicación de Justicia y sistema pericial electrónico.
Finalmente, -recuerda el CGE-, además de administradores concursales, también existen administradores judiciales: profesionales economistas especializados en poder administrar y gestionar empresas y activos en circunstancias irregulares y especiales, con los que se podría contar para situaciones de catástrofes de este tipo, para tratar de mantener o salvar el patrimonio empresarial en estas situaciones de anormalidad.